Mediante la Resolución 462 del 26 de Abril de 2019, la Procuraduría General de la Nación, «asigna competencias para adelantar las actuaciones disciplinarias, por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la ley 1581 de 2012, así como de realizar las funciones de vigilancia y prevención, para garantizar que en el Tratamiento de datos personales se respeten los principios, garantías y procedimientos previstos en las disposiciones sobre hábeas data»

La Resolución de la Procuraduría, establece las siguientes funciones a la Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad:

  • Adelantar en primera instancia las actuaciones disciplinarias que correspondan por conductas relacionadas en el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y demás disposiciones que la desarrollen, modifiquen y reglamenten a cargo de los sujetos vinculados con las autoridades públicas.
  • Vigilar el cumplimiento de las funciones y competencias atribuidas en la Ley 1581 de 2012 a la Superintendencia de Industria y Comercio.
  • Vigilar el cumplimiento por parte de las autoridades públicas en la inscripción oportuna de sus bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD).
  • Vigilar el cumplimiento de las demás obligaciones a cargo de las autoridades públicas contenidas en la Ley 1581 de 2012 y demás disposiciones que la reglamentan.
  • Realizar visitas a las entidades estatales o particulares que cumplen funciones públicas, a solicitud de cualquier persona u oficiosamente, cuando sea necesario para proteger los recursos públicos y garantizar el acatamiento de los principios que rigen la función pública, relativos al cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley 1581 de 2012.
  • Ejercer de manera selectiva control preventivo de la gestión administrativa en torno al cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y de solicitar la información que considere necesaria para el cumplimiento de la función.

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